Corte Suprema flexibiliza requisitos del debido proceso en procesos disciplinarios con justa causa

Con la Sentencia SL570 de 2025, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Descongestión No. 2, reafirmó que los procedimientos disciplinarios para terminar un contrato con justa causa no exigen el cumplimiento literal de todas las formalidades convencionales, siempre que se respete el núcleo esencial del debido proceso: notificación clara de los hechos, oportunidad de defensa efectiva y razonabilidad en la decisión.

Este precedente es clave para los empleadores colombianos que manejan reglamentos internos, políticas de vivienda, o cláusulas convencionales específicas.

 

¿Qué resolvió la Corte Suprema en esta sentencia?
Avaló la terminación con justa causa aun sin mencionar expresamente el despido en la citación, siempre que el trabajador haya podido ejercer su defensa y se haya comunicado el propósito disciplinario de manera razonable.

Para el caso específico la Corte concluyó que la trabajadora fue informada oportunamente de los hechos constitutivos de la falta, tuvo la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y, por tanto, no se vulneraron sus garantías fundamentales, incluso cuando la citación a descargos no empleó expresamente los términos «despido» ni mencionó la cláusula convencional correspondiente.

 

Aspecto Antes Ahora
Forma de citación Se exigía que la comunicación indicara de manera expresa que se trataba de un procedimiento de terminación del contrato. Es suficiente con que los hechos comunicados permitan razonablemente inferir que se trata de una falta que podría derivar en despido.
Procedimiento convencional Se requería un cumplimiento estricto y literal de todas las etapas previstas en la convención colectiva. Puede flexibilizarse si se garantiza el núcleo esencial del debido proceso, como la información clara y la defensa efectiva.
Intervención sindical Se presumía obligatoria en todo proceso disciplinario cuando existía convención colectiva vigente. No invalida el procedimiento si el sindicato fue informado y no ejerció su facultad de intervenir (ej. convocar comité de despidos).

 

¿Qué reitera esta decisión?
No es indispensable cumplir con cada formalidad prevista en la convención colectiva si se respeta el núcleo esencial del debido proceso, como lo es la notificación clara de los hechos, oportunidad de defensa y razonabilidad en la decisión.

La Corte recuerda que el formalismo excesivo no puede prevalecer sobre la efectividad de los derechos y que los procedimientos deben analizarse con un enfoque sustancial, no meramente ritualista.

 

¿A quién aplica esta jurisprudencia?
A empleadores públicos y privados que tengan cláusulas convencionales, políticas internas o fondos especiales que exijan procedimientos para sanciones o despidos.

 

¿Qué deben tener en cuenta las empresas al aplicar un despido con justa causa?
Las empresas deben asegurarse de:

  • Comunicar de manera clara y oportuna los hechos constitutivos de la falta, especialmente si estos pueden dar lugar al despido.
  • Garantizar una oportunidad real y efectiva para que el trabajador ejerza su derecho de defensa, ya sea mediante descargos escritos u orales.
  • Notificar al sindicato cuando sea procedente, conforme a lo pactado en la convención colectiva.
  • Documentar adecuadamente el proceso, incluyendo actas, comunicaciones, informes e intervenciones sindicales si las hay.
  • Basar la decisión de despido en fundamentos objetivos, verificables y proporcionados, alineados con el reglamento interno aplicable y el principio de buena fe contractual.

 

¿Qué sucede si no se sigue el paso exacto del procedimiento?
El proceso no se invalida automáticamente. La Corte enfatiza que lo sustancial prima sobre lo meramente formal.

 

¿Qué papel juega el sindicato?
La participación no es automática, ya que es una facultad de la organización sindical. Basta con informar; si el sindicato no activa los mecanismos, no hay falta del empleador.

Este fallo es una herramienta clave para los empleadores que buscan actuar con firmeza frente a faltas graves. Revisar los procedimientos internos con asesoría legal especializada es esencial para evitar sanciones y consolidar un entorno de gestión disciplinaria eficaz y jurídicamente sólido.