El Ministerio del Trabajo ha preparado ocho proyectos de decreto que buscan revisar disposiciones reglamentarias en materias como negociación colectiva, acoso sexual, inspecciones laborales, tercerización, seguridad social y trabajo doméstico.
Estas iniciativas proponen corregir procedimientos, precisar competencias administrativas y ajustar determinadas obligaciones a las disposiciones legales que las sustentan.
Es importante aclarar que los ocho proyectos se encuentran en etapa de comentarios y observaciones. Por tanto, su contenido podría modificarse durante el proceso de revisión. Será necesario esperar a que el Ministerio expida y publique las normas definitivas para establecer cuáles modificaciones se adoptan y cuál será su alcance jurídico y práctico.
1. Pactos colectivos: se propone simplificar el depósito
Regulación actual: El Decreto 992 de 2026 estableció requisitos documentales y mecanismos de verificación administrativa para el depósito de pactos colectivos celebrados con trabajadores no sindicalizados.
¿Qué propone el proyecto? Derogar íntegramente ese decreto y eliminar el procedimiento reglamentario de verificación previa. El depósito volvería a sujetarse directamente a los requisitos legales, incluida la presentación dentro de los quince días siguientes a la firma.
Esta modificación no eliminaría las prohibiciones legales ni la protección de la libertad sindical. El depósito sería una actuación de recepción y no una autorización administrativa sobre la validez del pacto.
2. Acoso sexual: cambiaría la forma de calcular las multas
Regulación actual: El Decreto 405 de 2025 estableció cuatro rangos de multas por despido retaliatorio asociado al acoso sexual, diferenciados según el tamaño de la empresa.
¿Qué propone el proyecto? Eliminar los rangos rígidos y permitir que el Ministerio individualice la sanción dentro del límite legal de 1 a 5.000 salarios mínimos diarios, considerando la gravedad de los hechos, el tamaño empresarial y la capacidad económica.
La propuesta no elimina la prohibición de represalias ni las garantías de las víctimas. Modificaría la metodología para determinar la cuantía de la sanción administrativa.
3. Inspecciones laborales: límites a las medidas preventivas
Regulación actual: El Decreto 720 de 2026 reglamentó medidas preventivas que pueden adoptar los inspectores para evitar vulneraciones o agravaciones de derechos laborales.
¿Qué propone el proyecto? Sustituir esa regulación y precisar que las órdenes deben responder a riesgos concretos, estar debidamente motivadas y mantenerse únicamente mientras persistan las circunstancias que justifican su adopción.
También se busca diferenciar las medidas preventivas de las sanciones administrativas y evitar que los inspectores adopten decisiones reservadas a los jueces.
4. Acoso laboral, violencia y discriminación: reglas diferenciadas
Regulación actual: El Decreto 1040 de 2026 desarrolló medidas de prevención y atención frente al acoso, la violencia y la discriminación en el trabajo.
¿Qué propone el proyecto? Reorganizar la reglamentación para distinguir las obligaciones y procedimientos aplicables al acoso laboral, el acoso sexual y las diferentes formas de violencia y discriminación.
Se precisarían las garantías contra represalias, las medidas de protección y las reglas de valoración de pruebas, sin establecer presunciones generales de responsabilidad.
Para las empresas, el aspecto central sería aplicar a cada situación el procedimiento y las garantías que legalmente correspondan, sin confundir los distintos regímenes.
5. Periodistas y comunicadores: precisiones sobre jornada y seguridad
Regulación actual: El Decreto 660 de 2026 reglamentó medidas laborales para periodistas, comunicadores sociales y trabajadores afines.
¿Qué propone el proyecto? Precisar que el tiempo destinado a ensayos, preparación, producción y grabaciones bajo las órdenes del empleador debe considerarse dentro de la jornada laboral.
También se propone aclarar que la identificación de cargos de dirección, confianza y manejo depende de las funciones reales y que el suministro de elementos de protección personal corresponde al empleador, conforme a las obligaciones legales aplicables.
La propuesta busca conservar las garantías laborales sin extender las facultades de inspección al contenido editorial.
6. Plataformas digitales: ajustes en los aportes a seguridad social
Regulación actual: El Decreto 991 de 2026 reglamentó la afiliación y cotización de trabajadores independientes y autónomos de plataformas digitales de reparto, incluyendo mecanismos de liquidación relacionados con rangos de ingresos.
¿Qué propone el proyecto? Sustituir las bases presuntas por el cálculo sobre el 40 % de los ingresos efectivamente percibidos, conforme al artículo 27 de la Ley 2466 de 2025.
En las cotizaciones exigibles a salud y pensión, la plataforma financiaría el 60 % y el trabajador el 40 %. La cotización a riesgos laborales seguiría a cargo exclusivo de la plataforma.
La propuesta también reorganiza las reglas de recaudo e implementación. Debe tenerse presente que la exigibilidad de este régimen está sujeta a las condiciones temporales previstas en el artículo 67 de la Ley 2466 de 2025.
7. Tercerización laboral: se propone derogar el Decreto 581 de 2026
Regulación actual: El Decreto 581 de 2026 desarrolló criterios de inspección y control frente a la tercerización e intermediación laboral ilegal, incluyendo reglas administrativas y sancionatorias.
¿Qué propone el proyecto? Derogar íntegramente ese decreto y ajustar las disposiciones reglamentarias sobre multas a empresas de servicios temporales y cooperativas de trabajo asociado.
Se pretende aclarar que el Ministerio puede investigar y sancionar las infracciones de su competencia, pero no declarar por sí mismo la existencia de un contrato de trabajo ni determinar judicialmente quién es el verdadero empleador.
La derogatoria propuesta no legalizaría la intermediación prohibida ni eliminaría la responsabilidad solidaria prevista por la ley.
8. Trabajo doméstico: formalización e inspecciones en hogares
Regulación actual: El Decreto 993 de 2026 reglamentó la formalización del trabajo doméstico remunerado, los aportes a seguridad social, la prevención de riesgos y las actuaciones de inspección.
¿Qué propone el proyecto? Reorganizar estas disposiciones, evitar registros de formalización paralelos a los legalmente previstos y precisar las reglas aplicables a trabajadores por días o tiempo parcial.
También se ajustaría el tratamiento del debido proceso disciplinario y se delimitaría el ingreso de inspectores a los hogares.
En este último aspecto, el proyecto establece que el ingreso requiere consentimiento válido o una habilitación constitucional o legal específica. Ante riesgos graves, el inspector deberá activar a las autoridades competentes cuando no tenga facultad legal de ingreso, sin impedir las verificaciones que pueda efectuar desde el exterior.
La propuesta busca mantener las obligaciones laborales y de seguridad social del empleador doméstico.
¿Qué deben tener en cuenta las empresas?
Los ocho proyectos comparten un propósito: revisar la reglamentación existente para precisar su aplicación, eliminar determinados requisitos administrativos y delimitar las competencias de las autoridades.
Sin embargo, estas iniciativas se encuentran en etapa de comentarios y todavía pueden experimentar modificaciones. Por ello, será necesario esperar a que el Ministerio del Trabajo expida y publique los decretos definitivos para determinar el alcance real de los cambios y sus implicaciones para los empleadores.
Desde ROES Abogados consideramos conveniente hacer seguimiento a este proceso regulatorio, sin anticipar modificaciones en contratos, políticas o procedimientos internos con fundamento exclusivo en propuestas que aún no han sido aprobadas.
Por ahora, las empresas deben continuar aplicando las disposiciones vigentes y evaluar los ajustes que correspondan únicamente cuando se conozca el contenido definitivo de las nuevas normas.
Fuente: Ministerio del Trabajo de Colombia, proyectos de decreto en etapa de comentarios (octubre de 2026).
