El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo para 2026 con un incremento del 23%.
La decisión no anula el decreto de fondo. Se trata de una medida cautelar, adoptada dentro del proceso de nulidad, al advertirse, prima facie, una posible infracción del artículo 8 de la Ley 278 de 1996.
¿Qué decidió exactamente el Consejo de Estado?
1. Suspendió provisionalmente el aumento del 23%.
2. Ordenó al Gobierno expedir un decreto transitorio en un plazo de ocho (8) días calendario.
3. Ese nuevo decreto deberá aplicar estrictamente los criterios del artículo 8 de la Ley 278 de 1996 y explicar de forma clara la operación económica que sustente el porcentaje adoptado.
Esta orden corresponde a una medida cautelar innominada, cuyo objetivo es evitar un vacío normativo o la reviviscencia automática del salario mínimo de 2025.
Situación actual:
| Aspecto | Decreto 1469 | Decisión del Consejo de Estado |
|---|---|---|
| Incremento 2026 | 23% | Suspendido provisionalmente |
| Vigencia actual | Produce efectos hasta la publicación del decreto transitorio | Se reemplazará al publicarse el decreto transitorio |
| Efectos retroactivos | No aplica devolución de lo pagado | Pagos ya realizados se mantienen |
¿Se deben devolver salarios ya pagados con el 23%?
No. La suspensión no tiene efectos hacia el pasado sobre situaciones consolidadas.
¿Desde cuándo cambia el salario?
Desde la publicación del nuevo decreto transitorio.
¿La decisión es definitiva?
No. El proceso de nulidad continúa. La sentencia final definirá si el Decreto 1469 es nulo o válido.
Implicaciones prácticas
Para empleadores, el escenario actual exige:
- Mantener la aplicación del Decreto 1469 de 2025 hasta la publicación del nuevo decreto.
- Preparar ajustes de nómina inmediatos una vez se expida el decreto transitorio.
- Evaluar impacto en contratos indexados al salario mínimo.
- Monitorear el desarrollo del proceso de nulidad.
La decisión reafirma que la potestad del Ejecutivo para fijar unilateralmente el salario mínimo no es discrecional. Se trata de una competencia reglada, que exige una motivación técnica rigurosa, trazable y coherente con los factores legales obligatorios. Cualquier sustitución o desplazamiento de dichos parámetros compromete la validez del acto administrativo.

