Terminación del contrato laboral con justa causa a un trabajador en condición de discapacidad

ROES Abogados

Sentencia SL – 1360 de 2018
Cambio de criterio de la CSJ permite terminar el contrato de un trabajador discapacitado con justa causa

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 11 de abril de 2018 cambió el criterio existente hasta el momento, sobre la necesidad de acudir al Ministerio de Trabajo para obtener la autorización que permitiera terminar con justa causa el contrato de un trabajador discapacitado.

De esta manera la Sala precisó que la estabilidad laboral contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 no era absoluta, ya que sólo pretende proteger a los trabajadores discapacitados de despidos fundados en motivos discriminatorios.

Por ello, se aparta de lo dispuesto en la sentencia SL 36115 de 2010, reiterada en la SL 35794 de 2010, estableciéndose en adelante que “el despido de un trabajador en estado de discapacidad se presume discriminatorio, a menos que el empleador demuestre en juicio la ocurrencia real de la causa alegada”.

Siendo claro lo anterior, el empleador deberá probar suficientemente la existencia de la justa causa invocada, so pena que en un juicio laboral se declare ineficaz la desvinculación y se ordene el reintegro del trabajador, junto con el pago de los salarios y prestaciones sociales adeudadas, y la sanción de 180 días de salario.

Así las cosas, la autorización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, se restringe sólo a aquellos casos en los que el desarrollo laboral del trabajador en estado de discapacidad es incompatible e insuperable con el cargo asignado, o con cualquier otro en la empresa.

Cabe resaltar que la sentencia no casa la decisión del Tribunal, al encontrar que el despido del trabajador fue injustificado, siendo viable su reintegro laboral.

Finalmente, es importante dejar de presente que el nuevo criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia es abiertamente contrario al sostenido por la Corte Constitucional, lo cual puede generar pronunciamientos disímiles, dependiendo de la vía a la que acuda el trabajador.


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